El Consejo de Ministros se prepara para revisar los planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo

El Gobierno español en funciones celebrará una reunión extraordinaria el jueves para discutir los planes de contingencia en el caso cada vez más probable de que el Reino Unido se desplome de la Unión Europea el 31 de octubre, una eventualidad a la que comúnmente se hace referencia como un «no-deal Brexit».

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, presidirá una reunión para revisar los protocolos que se diseñaron a principios de este año para suavizar el impacto de un divorcio poco amistoso entre el Reino Unido y la Unión Europea. El Gabinete analizará estas medidas, identificará los puntos débiles y determinará si es necesario adoptar nuevas medidas a la luz de los acontecimientos más recientes.

Esta será la primera vez que el líder de la administración del Partido Socialista (PSOE) ha reunido a todos sus ministros para determinar cómo mitigar los efectos más adversos de un Brexit sin acuerdo.

En marzo, su gobierno aprobó un decreto que contiene medidas para hacer frente a estos efectos. «El objetivo de los planes es preservar los derechos de los ciudadanos españoles y británicos, así como preservar un flujo comercial normal y salvaguardar los intereses económicos españoles», dijo Sánchez en su momento. «Mi principal objetivo era garantizar que la decisión del Reino Unido[de abandonar la UE] tuviera el menor impacto posible en los ciudadanos y las empresas».

Hasta ahora, estas reuniones sólo habían involucrado a los ministerios que forman parte de un Comité de Brexit encabezado por la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. Pero la inminente fecha límite para la salida del Reino Unido y la continua incertidumbre sobre la situación política en Gran Bretaña han llevado al líder del gobierno español a convocar a todos sus ministros.

El decreto de marzo, que fue ratificado posteriormente por el Congreso, abarca las zonas más sensibles para España. Los ciudadanos son la mayor preocupación, en particular los aproximadamente 300.000 ciudadanos británicos que viven oficialmente en España, representando a la mayor comunidad británica en el extranjero. Las medidas garantizan el acceso a los servicios de salud pública, tienen en cuenta las contribuciones a la seguridad social y reconocen los permisos de conducir y los estudios académicos, entre otras cuestiones.

El decreto español también contemplaba la cooperación policial entre España y el Reino Unido.

Más allá de este decreto, Sánchez firmó un acuerdo de reciprocidad con la ex-PM Theresa May para asegurar que los 175.000 españoles que viven en el Reino Unido reciban beneficios similares. Sin embargo, la incertidumbre actual hace dudar de que se mantenga este acuerdo.

El decreto español también contemplaba la cooperación policial entre España y el Reino Unido, y reforzaba los controles fronterizos para tratar las mercancías importadas procedentes de Gran Bretaña.

España se ve especialmente afectada por Brexit, ya que Gran Bretaña es su principal fuente de visitantes turísticos, además de ser el principal destino de la inversión española. Las empresas británicas son los terceros compradores de bienes y servicios españoles. Y luego está la compleja cuestión de Gibraltar, el Territorio Británico de Ultramar situado en el sur de la Península Ibérica que España ha exigido durante mucho tiempo que se le devuelva su soberanía, y que votó abrumadoramente a favor de permanecer dentro de la UE.

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