Izquierda Unida, que es la tercera formación política de España en número de votos tras los 970.000 logrados en las últimas Elecciones Generales del 9 de Marzo, no aceptará ni dará su respaldo a ninguna reforma electoral que traten de coordinar PSOE y PP que se limite a un simple maquillaje. Nuestro objetivo es lograr que se revise y recupere la proporcionalidad del sistema, algo que ahora castiga fundamentalmente a IU.

La actual Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), vigente desde 1985, consagra un modelo bipartidista mucho más allá del apoyo que los ciudadanos puedan dar a los dos principales partidos, por lo que la subcomisión parlamentaria encargada de avanzar en la reforma debe centrar sus trabajos en la proporcionalidad, algo que Izquierda Unida lleva reivindicación desde hace más de 20 años.

Con su propuesta de regular las precampañas y revisar el plazo en el que no se pueden publicar encuestas electorales, parece que el PSOE pretende una especie de operación de confusión, una cortina de humo que no aborde  los verdaderos problemas del sistema. Deben saber que el problema del sistema electoral no está en las encuestas, ni en las empresas de marketing, sino en su propio funcionamiento.

El sistema proporcional, por ser provinciales las circunscripciones, se ha transformado en sistema mayoritario y en lugar de un sistema pluralista se está consagrando uno bipartidista. Existe una sobrerrepresentación de las provincias con menor número de población sobre el resto. Por ello, una de las propuestas de IU es  bajar a uno, en vez de los dos actuales, los escaños mínimos asignados a cada provincia.

Actualmente, con dos diputados fijos por provincia, quedan inmovilizados un total de 102 escaños (100 para las 50 provincias, más 2 para Ceuta y Melilla) y tan sólo 248 se distribuyen realmente en función de la población. Con la fórmula propuesta por IU se liberarían 50 diputados más, con lo que 298 se repartirían de forma proporcional en función del número de población.

Además, y para recuperar el gran número de votos perdidos que no se traducen en escaños, IU plantea aumentar a 400 el número de diputados. Estos 50 escaños nuevos se distribuirían entre un “fondo de restos”. Es decir, una vez que cada formación haya recibido una asignación de su último escaño por una circunscripción, los votos sobrantes irán a esa ‘bolsa general’ a la que se aplicará la misma fórmula electoral que en el resto de circunscripciones anteriores para proceder al reparto de escaños que se hayan apartado para tal fin. Así se acabaría con la 'paradoja' de que partidos con más votos tengan menos escaños, como le ocurre a IU.

En tercer lugar, y dado que la fórmula electoral de d'Hont no ofrece suficientes garantías de proporcionalidad, IU apuesta por cambiar a la fórmula Saint Lagüe, como ya hacen otros países. Este sistema es más perfecto y más proporcional con las minorías y ello se logra simplemente dividiendo el número de votos no entre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al número de escaños a repartir, sino entre 1, 3, 5, 7 e impares sucesivos hasta esa misma de escaños en liza.

La propuesta planteada por IU no requiere modificar la Constitución, aunque esta formación no abandona su pretensión principal de que la circunscripción sea la Comunidad Autónoma y no la provincia, que se requiere tocar la Carta Magna.

Otras propuestas

También queremos regular el ejercicio del voto para los inmigrantes residentes en España en las elecciones municipales, como forma de “participación política e integración social”. En cuanto al voto de los españoles residentes en el extranjero, IU propone garantizar la transparencia y objetividad de estos procesos, siendo partidaria del voto en urna y una circunscripción específica para ello.

Otras de las cuestiones que proponemos son rebajar la mayoría de edad a los 17 ó 16 años, pues a esa edad se tiene capacidad de discernimiento suficiente para participar en un proceso electoral, así como regular la precampaña y reformar el tratamiento legal de las campañas electorales en los medios de comunicación.

También abogamos por cambiar el sistema de financiación electoral para que “ningún voto deje de estar financiado cuando el partido promotor de las candidaturas ha obtenido algún escaño”, además de asegurar la reducción y eficiencia de los gastos electorales.