El Tribunal de Cuentas ha pedido expresamente una regulación específica del uso de medios de transporte oficiales en las campañas electorales por parte de autoridades públicas pues considera que esa normativa ayudaría a "despejar incertidumbres" como la que se generó en las elecciones europeas de 2009 por la utilización del avión militar Falcon a disposición de Presidencia del Gobierno para que José Luis Rodríguez Zapatero acudiera a mítines del PSOE.

Esa regulación, según precisó después el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, no debería afectar sólo a los medios públicos que usan los miembros del Gobierno, sino a todos los desplazamientos que realicen los distintos líderes políticos para participar en la campaña. Lo que se pretende es que se computen como gasto electoral para evitar "zonas de impunidad" a los efectos de fiscalizar las cuentas de los partidos.

Núñez indicó que "el sentido fundamental" de la recomendación es que "todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña, debe ser definido como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado".

Agregó que esto afecta a los gastos de desplazamiento de los distintos líderes en las campañas electorales, incluso cuando no son candidatos pero su presencia en un mítin, conferencia o rueda de prensa, pretende apoyar la campaña electoral.

La recomendación se incluirá en la batería de propuestas que el Tribunal de Cuentas aprobará el próximo día 24 para su remisión a la Comisión Constitucional del Congreso, que ha pedido sugerencias para la subcomisión que viene estudiando posibles cambios de la legislación electoral.

En su opinión, hay que corregir "algo que es una laguna de la legislación electoral y de la legislación de financiación de partidos, que provoca zonas de impunidad".

Y es que en cada proceso electoral se fija un límite máximo de gastos electorales y a efectos de la comprobación de su cumplimiento, el Tribunal de Cuentas computa tanto los gastos declarados por la formación política como aquellos gastos que, aunque no hayan sido declarados, la institución califique como gastos electorales. Para ello, necesita que quede claro cómo se contabilizan esos gastos de transporte de los líderes políticos.