Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que, si bien la Ley electoral no respeta el derecho pasivo de los partidos a ser elegidos en igualdad de condiciones, lo más grave es que vulnera el derecho activo de los ciudadanos a elegir en igualdad de condiciones ya que su voto cambia de valor según la parte de España en la que vivan o la opción política que voten.

"Pondré un ejemplo de esta discriminación: en las últimas elecciones, el Partido Socialista necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño, el Partido Popular 66740 votos, Izquierda Unida 484.973 y Unión Progreso y Democracia 303.535", afirmó.

A su juicio, la situación es tan escandalosa que el Gobierno pidió y obtuvo un dictamen del Consejo de Estado a propósito de la modificación de la mencionada Ley que da la razón a los que pensamos que su modificación "es constitucionalmente posible y democráticamente urgente e imprescindible".

A la luz de estos hechos, la diputada preguntó en el Pleno del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, qué acciones pensaba emprender su Gobierno para impulsar una nueva Ley Electoral más representativa, justa e igualitaria siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado recogidas en el informe sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general del 24 de febrero de 2009.

Según Díez, la reforma de la Ley Electoral de 1985 "es una asignatura pendiente de la democracia" que no acometen ni el PSOE ni el PP porque se sienten tan cómodos perpetrando una injusticia y garantizándose la continuidad o la alternancia en el poder con una Ley que discrimina a los ciudadanos y que les garantiza la permanencia en el poder.

"Unos pocos votos que distorsionan la igualdad se convierten en la clave para obtener el poder parlamentario --alertó--. Por eso, les va bien como están: los que más se benefician de que esta Ley ‘duerma el sueño de los justos’ en la comisión de Reforma de la Ley Electoral son el PSOE y el PP".

La diputada ha pedido que se cambie la Ley para subsanar una injusticia histórica, para que los ciudadanos sean iguales ante la Ley y su voto valga lo mismo con independencia de su opción electoral o de la parte de España en la que resida. "No se equivoquen. No es una reforma contra los nacionalistas: es una reforma pensando en los ciudadanos, en la igualdad de derechos que el Gobierno debe garantizar promocionando leyes justas".

Según Díez, son ellos los que convierten en poderosos a quienes mercadean con unos pocos votos, a quienes intentan chantajearles y, lo que es peor, lo consiguen demasiadas veces. "No se me escandalicen: el culpable es quien se pliega y cede soberanía e igualdad a cambio de unos pocos votos que le permitirán mantenerse en el poder distorsionando, de paso, la voluntad del conjunto de los ciudadanos".

Por eso, insistió, en la necesidad de que se cambie la Ley Electoral 5/1985, un sistema "injusto y obsoleto", que se fraguó en la todavía franquista Ley de Reforma Política y en el Real Decreto 20/77 que reguló las primeras elecciones democráticas.