En estos preparativos de las elecciones generales de marzo se han escuchado muchas opiniones sobre la conveniencia o no de incluir alcaldes en las candidaturas al Congreso. La legislación electoral no establece ninguna incompatibilidad al respecto y han sido las formaciones políticas las que, en aras de repartir sus puestos en las instituciones, han ido imponiendo costumbres que han acabado plasmadas en sus estatutos.

Conforme a la Ley Electoral, no hay opción de ser diputado de dos Cámaras legislativas y cuando un diputado autonómico ha sido elegido para el Congreso, o viceversa, ha debido renunciar a uno de los dos escaños. En unas generales, lo normal es quedarse con el puesto en el Congreso, pero hubo una excepción en 2004: Josep Lluis Carod-Rovira, el presidente de ERC, era el cabeza de lista al Congreso siendo diputado del Parlament y, ante la tesitura de viajar a Madrid o quedarse en Barcelona, optó por no tomar posesión del escaño en la Carrera de San Jerónimo, abriendo el camino al siguiente de la lista.

Esa incompatibilidad no sucede con los alcaldes, que legalmente pueden regir un municipio y a la vez ocupar un puesto en el Congreso. Ahora bien, los partidos han ido poniendo límites a sus cargos locales. En la etapa de Joaquín Almunia como secretario general del PSOE, este partido impuso en sus estatutos que sus alcaldes de grandes ciudades, de más de 100.000 habitantes, e incluso sus portavoces en la oposición, se dedicasen en exclusiva a la tarea municipal sin posibilidad de ser a la vez diputados. En su día se dijo que aquella medida hacía referencia a personas concretas y el caso más mencionado era el de Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña y a la vez diputado, a quien se consideraba crítico con la dirección socialista de entonces, además de proclive a ausentarse del Congreso en razón de su cargo municipal.

También Izquierda Unida tiene fijada una incompatibilidad parecida, e incluso el PP, si bien los ‘populares’, permiten excepciones si así lo decide su dirección nacional y su presidente. Por ese hueco busca ser incluido Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la capital de España y aspirante a diputado en marzo.

Los dos partidos mayoritarios cuentan hoy con alcaldes y portavoces municipales en las filas de sus grupos parlamentarios del Congreso, casi todos ellos surgidos de las elecciones locales de mayo de 2007, como los portavoces socialistas en Granada y Valladolid, Javier Torres Vela y Soraya Rodríguez, y la alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz..

La continuidad de estos cargos municipales en el Congreso y la posible inclusión de otros nuevos, como el mencionado Ruiz Gallardón o el regidor socialista de Alcorcón, Enrique Cascallana, que figura en la lista preparada por su partido en Madrid, dependerá al final de la voluntad de las cúpulas de estas formaciones, pero no valdrá la excusa de la legislación vigente.

Por el contrario, la Ley Electoral es clara al prohibir que los miembros de los gobiernos autonómicos sean siquiera candidatos al Congreso. Un presidente autonómico, y en Madrid alguien llegó a mencionar a la propia Esperanza Aguirre, deberá dimitir si quiere formar parte de la lista que presente su partido al Congreso. En el actual proceso, esa dimisión debiera sustanciarse antes de fin de mes, cuando las formaciones políticas formalicen la presentación de candidaturas ante la Administración electoral.