El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado al Congreso que los convenios bilaterales que se vienen firmando para potenciar la participación de los inmigrantes en elecciones municipales afectan hoy a una población global de algo más de un millón de personas, de este colectivo sólo unas 650.000 podrían estar ya en condiciones de votar en los próximos comicios locales, previstos en mayo de 2011.

La participación de extranjeros en elecciones municipales se limitaba hasta ahora a los nacionales de países de la Unión Europea y a los de Noruega. Dado que la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 13, condiciona la inscripción censal de otros extranjeros a la reciprocidad --que sus países permitan votar a nuestros emigrantes en elecciones similares--, el Gobierno emprendió una ofensiva diplomática con distintos países para negociar convenios bilaterales que favoreciesen la participación electoral de sus nacionales con residencia en España.

En agosto de 2008, el Ejecutivo nombró un embajador en misión especial, Gonzalo de Benito, encargado de negociar acuerdos con una quincena de países cuya legislación permite votar a los extranjeros.

Se trata de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

120 países excluidos por no dejar votar a los españoles

Han quedado fuera 120 países, algunos con importante presencia inmigrante en nuestro país como Marruecos, Brasil, México o República Dominicana, porque su legislación impide votar a los extranjeros. España les invitó en noviembre a estudiar una reforma de sus leyes pero no lo han considerado conveniente.

Ante la subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral, el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Javier Elorza, detalló que las gestiones diplomáticas han posibilitado sellar ya once convenios y dejar cerrada la negociación de otros tres sólo pendientes de firma. El decimoquinto, Venezuela, se ha ofrecido pero de momento sin respuesta, pues se considera que la Administración Chávez que no parece tener urgencia en admitir nuevos electores en su país.

Según sus datos, hoy hay más de un millón de inmigrantes de esos países que tendrían 18 años en las próximas elecciones municipales. Sin embargo, precisó que no todos ellos podrán votar en 2011 pues sólo unos 650.000 habrán cumplido la condición que pone España a todos ese colectivo, que es haber cumplido cinco años de residencia en nuestro país. Eso sí, entre ellos también están parte de los 300.000 iberoamericanos que han adquirido la nacionalidad española en los últimos años y que votarán en las municipales como tales, no por los convenios bilaterales.

Las explicaciones de Elorza se deben a que la oposición había cuestionado estos acuerdos al considerar que implican una alteración del censo electoral y que su contenido no fue consensuado previamente, pese a que la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega, lo había ofrecido en su día ante el Parlamento.

El representante de Exteriores trató de despejar las inquietudes de la oposición, especialmente PP y CiU, pero reconoció que, mientras que España pone la misma condición a todos los inmigrantes (cinco años de residencia), nuestros emigrantes quedan sujetos a distintas condiciones para votar en esos países en función de la legislación de cada uno de ellos.

En Burkina Fasso, por ejemplo, se exige estar al día del pago de impuestos; en Uruguay sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en caso de los extranjeros, con quince años de residencia; en Argentina, la legislación electoral está descentralizada y da la casualidad que hay dos provincias (La Rioja y Formosa) que prohíben votar a los extranjeros; y en Perú no se permite el voto de extranjeros en municipios fronterizos, posiblemente por temor a ser 'absorbidos' por los vecinos.

PP y CiU valoraron las explicaciones de Elorza, que les prometió un informe más detallado sobre esas condiciones particulares para nuestros emigrantes. Aunque admiten que la negociación de los convenios era potestad del Ejecutivo en ejercicio de sus competencias constitucionales, insistieron en echar en falta un mayor grado de consenso previo. En cualquier caso, no se plantean bloquear la ratificación parlamentaria de los acuerdos.

Mientras tanto, la Comisión Constitucional del Congreso sigue a la espera de que el Pleno de la Cámara baja conceda una prórroga hasta el 30 de junio de 2010 de los trabajos que viene llevando a cabo dicha subcomisión, que se constituyó en otoño del pasado año con un mandato inicial de un año que acaba a principios de octubre.

La fecha tope del 30 de junio de 2010 permitirá acometer las posibles reformas que se propongan en el segundo semestre de ese año con el fin de que las novedades que se acuerden puedan estar en vigor en las municipales y autonómicas de 2011 y en las generales del año siguiente.