La Junta Electoral Central ha achacado al Gobierno, por no haber sido capaz de desarrollar una previsión legal de 2003, la responsabilidad de que no se pudiese autorizar la presencia de personas sordas en mesas electorales durante la jornada de votación de las elecciones europeas del pasado 7 de junio.  

Ambas personas, una seleccionada como presidente de mesa y otra como vocal, no pudieron ejercer esa función en sendos municipios de Madrid al ser excluidas por la Junta Electoral. Las asociaciones de discapacitados denunciaron discriminación y recurrieron el caso.

En una resolución, la Junta Electoral Central argumenta que la participación de personas discapacitadas en las mesas electorales no está excluida por ley, si bien "las circunstancias en que se desenvuelve la actuación del presidente y de los vocales de dichas mesas, caracterizada por la perentoriedad y la inmediatez en la resolución de todas las cuestiones que puedan plantearse en las operaciones electorales, puede suscitar problemas que dificulten o impidan tal participación".

Por ello, señala que habitualmente esta discapacidad es aceptada como excusa para no formar parte de las mesas electorales.

Ahora bien, también recuerda que la Ley de no discriminación de los discapacitados de 2003 incluye una disposición que recoge la previsión legal para una posible adaptación de la normativa electoral común para que tal participación sea factible con unas u otras condiciones.

En concreto, esa disposición establece que "el Gobierno aprobará en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada Ley las 'condiciones básicas' de accesibilidad y no discriminación en lo relativo a la participación en la vida política y en los procesos electorales".

El problema, según argumenta el organismo arbitral, es que esa previsión legal no se ha cumplido y que, pese a los años transcurridos y los sucesivos Gobiernos, no se ha aprobado el reglamento que permitiría concretar las condiciones de participación de los discapacitados.

Así las cosas, la Junta Electoral Central se compromete a recordar al Gobierno el encargo de desarrollo reglamentario, en beneficio de las personas discapacitadas, encomendado en esa citada disposición final de la ley de 2003.