El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 67,7 millones de euros el gasto declarado y justificado por las formaciones políticas en las elecciones generales de 2008. De esa cantidad, superior a los recursos reconocidos, 41,6 millones corresponden a operaciones ordinarias y 26,1 millones a la actividad de envío de propaganda electoral.

En su último informe, la entidad fiscalizadora explica que las formaciones políticas declararon recursos por un total de 66,6 millones de euros, de los que 44,6 millones corresponden a créditos bancarios, lo que supone un  67 por ciento. También hubo 15,7 millones que corresponden a anticipos electorales, 6,1 millones a aportaciones del partido y 200.000 euros a aportaciones privadas.

Destaca igualmente que todas las formaciones políticas han cumplido su obligación de presentar la contabilidad electoral en tiempo y forma, y que han abierto una cuenta bancaria especial para ese proceso electoral.

Eso sí, se propone rebajar en 13.450 euros la subvención electoral prevista para Nafarroa Bai por haber excedido su límite de gasto en los comicios. En concreto, el informe señala que la coalición vasca por Navarra superó el límite máximo de gastos electorales en 94.292,67 euros, una irregularidad que, en proporción, conlleva una rebaja de la subvención electoral cuantificada en 13.450 euros.

Esta formación es la única formación política para la que se recomienda reducir la subvención, pero no es la única que supera el límite de gasto electoral.

Así, en el caso del PP el Tribunal de Cuentas aprecia una diferencia en el cálculo de los intereses del crédito suscrito para las elecciones, lo que la institución interpreta como un defecto en los gastos declarados de 14.724,90 euros. Ello, unido a lo invertido por el PP en las elecciones autonómicas andaluzas del mismo día, supone para el tribunal la superación del "límite máximo de gastos en concurrencia" (los dos procesos electorales) en 15.866,19 euros, si bien se considera que esta cuantía no conlleva propuesta de reducción de la subvención electoral.

Del PSOE no se comenta ninguna deficiencia ni irregularidad, pero sí hay observaciones en cuanto al PSC, a la Entesa Catalana de Progrés  que forma con ERC e ICV para el Senado, y a la coalición que creó en Menorca con EU y Els Verds, en todos los casos por pagar gastos electorales desde las cuentas bancarias destinadas a mantener el funcionamiento ordinario de los partidos.

Respecto a Izquierda Unida (IU) y a Unión, Progreso y Democracia (UPyD), en ambos casos se señala que trabajan con proveedores que no han rendido cuentas y que sus respectivas campañas de bonos entre militantes y simpatizantes incluyen pocos datos sobre los donantes.

En el caso de IU, el Tribunal de Cuentas agrega además que se ha computado el pago de una fianza de 1.500 euros como gasto electoral, cuando no lo es. En cualquier caso, no supera el tope de gasto electoral.  

Para el futuro, entre otras recomendaciones la institución vuelve a demandar "un adecuado régimen sancionador aplicable a las formaciones políticas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Junta Electoral competente respecto de las autoridades, funcionarios y particulares".

Acceda aquí al informe completo del Tribunal de Cuentas