La LOREG dedica el capítulo VIII a los delitos e infracciones electorales y empieza con la declaración de que, a los efectos de este capítulo, tienen la consideración de funcionarios públicos quienes desempeñen alguna función pública relacionada con las elecciones, y en particular:

• Los Presidentes y Vocales de las Juntas Electorales
• Los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales, y sus suplentes.

• el censo y sus copias autorizadas,
• las Actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral
• y cuantos emanen de personas a quienes la Ley encargue su expedición.

La ley distingue entre delitos e infracciones y los clasifica según la autoría y la gravedad. Además de la pena señalada, a todos los delitos relacionados a continuación se les impondrá la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

DELITOS COMETIDOS POR
Funcionarios públicos:
Así, se castigará con arresto mayor (arresto de 7 a 15 fines de semana, de acuerdo con el Código Penal de 1995) y multa de 180 a 1.800 euros a los funcionarios públicos que dolosamente:

• Incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral.
• Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de las Juntas y Mesas electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar.
• No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos electorales en la forma y momentos previstos por la Ley.
• Susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona o la entidad de sus derechos.
• Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral.
• Nieguen, dificulten o retrasen indebidamente la admisión, curso o resolución de las protestas o reclamaciones de las personas que legalmente estén legitimadas para hacerlas, o no dejen de ellas la debida constancia documental.
• Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato.
• Incumplan los trámites establecidos para el voto por correspondencia.

Se castigará con penas de prisión mayor (prisión de 3 a 8 años) y multa de 180 a 1.800 euros, los funcionarios que abusando de su cargo dolosamente:

• Alteren sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio, o anuncien su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores.
• Omitan o anoten de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los volantes en cualquier acto electoral.
• Cambien, oculten o alteren, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho.
• Realicen con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o ratificación del Censo, o en las operaciones de votación y escrutinio.
• Efectúen proclamación indebida de personas.
• Falten a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandato de esta Ley.
• Consientan, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta.
• Impriman, confeccionen o utilicen papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas.
• Incumplan las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta Ley
• Cometan cualquier otra falsedad en materia electoral, análoga a las anteriores, por alguno de los modos señalados en el artículo 390 del Código Penal. (La LOREG hace referencia al artículo 302, que tras la reforma de 1995 se corresponde con el 390 citado, cuyo texto puede verse al final de esta página)

Si estos hechos se realizaran por imprudencia temeraria, en vez de con dolo, serán sancionadas con la pena de prisión menor (prisión de 6 meses a 3 años).

Si los hechos antes mencionados fueran realizados por un particular, y no por quien tenga la consideración de funcionario público, será castigado con las penas de prisión menor (de 6 meses a 3 años) y multa de 180 a 1.800 euros.

El Presidente y los Vocales de las Mesas electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo, incurrirán en la pena de arresto mayor (de 7 a 15 fines de semana) y multa de 180 a 1.800 euros.

Serán castigados con las penas de prisión menor en grado mínimo y multa de 100.000 a 500.000 pesetas los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y locales, los Jueces, Magistrados y Fiscales y los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral o lleven a cabo otras actividades de campaña electoral.

Serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 180 a 1.800 euros los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que:

• falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables
• se apropien o distraigan fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los establecidos.

Particulares:
Además de lo señalado más arriba respcto a los delitos de falsedad, la ley contempla que el particular que dolosamente vulnere los trámites del voto por correo será castigado con las penas de arresto mayor (arresto de 7 a 15 fines de semana) y multa de 180 euros.

Quien vote dos o más veces en la misma elección o quien vote sin capacidad para hacerlo, será castigado con la pena de prisión menor en grado mínimo (6 meses).

Serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de 180 a 1.800 euros quienes lleven a cabo alguno de los actos siguientes:

• Realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.
• Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral.

Serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de 180 a 1.800 euros:

• Quienes por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención. (Compra o subasta de votos)
• Quienes con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto.
• Quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral.

Serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de 180 a 1.800 euros los que perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde estos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales, prohibido expresamente por el artículo 91.4 de la LOREG.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El procedimiento para la sanción de estos delitos se tramitará, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 10 LECR), en los tribunales ordinarios, tendrá carácter preferente y se tramitará con la máxima urgencia posible.

La acción penal que nace en estos delitos es pública y podrá ejercitarse sin necesidad de depósito o fianza alguna.

El Tribunal o Juez a quien corresponda la ejecución de las Sentencias firmes dictadas en causas por estos delitos dispondrá su publicación en el "Boletín Oficial" de la Provincia y remitirá testimonio de las mismas a la Junta Electoral Central.

INFRACCIONES
Toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la LOREG que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 120 a 1.200 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 30 a 600 euros si se realiza por particulares.

Las infracciones de lo dispuesto sobre régimen de encuestas electorales serán sancionadas con multa de 300 a 3.000 euros

CODIGO PENAL DE 1995
Artículo 390.
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil

La Disposición Transitoria Undécima del Código Penal vigente contiene la sustitución de las penas en aplicación de leyes penales especiales o procesales, con la siguiente equiparación:

Cuando se hayan de aplicar Leyes penales especiales o procesales por la jurisdicción ordinaria, se entenderán sustituidas:
a) La pena de reclusión mayor, por la de prisión de quince a veinte años, con la cláusula de elevación de la misma a la pena de prisión de veinte a veinticinco años cuando concurran en el hecho dos o más circunstancias agravantes.
b) La pena de reclusión menor, por la de prisión de ocho a quince años.
c) La pena de prisión mayor, por la de prisión de tres a ocho años.
d) La pena de prisión menor, por la de prisión de seis meses a tres años.
e) La pena de arresto mayor, por la de arresto de siete a quince fines de semana.
f) La pena de multa impuesta en cuantía superior a cien mil pesetas señalada para hechos castigados como delito, por la de multa de tres a diez meses.
g) La pena de multa impuesta en cuantía inferior a cien mil pesetas señalada para hechos castigados como delito, por la de multa de dos a tres meses.
h) La pena de multa impuesta para hechos delictivos en cuantía proporcional al lucro obtenido o al perjuicio causado seguirá aplicándose proporcionalmente.
i) La pena de arresto menor, por la de arresto de uno a seis fines de semana.
j) La pena de multa establecida para hechos definidos como falta, por la multa de uno a sesenta días.
k) Las penas privativas de derechos se impondrán en los términos y por los plazos fijados en este Código.
l) Cualquier otra pena de las suprimidas en este Código, por la pena o medida de seguridad que el Juez o Tribunal estime más análoga y de igual o menor gravedad. De no existir o de ser todas más graves, dejará de imponerse.