Esta precampaña de la campaña, o campaña de la precampaña -que no sé donde estamos-, está batiendo records a la hora de las ofertas. Como decía un amigo, más campañas y menos política, que algo sacaremos en el bolsillo. Lo que no queda muy claro es qué se nos va a ofrecer cuando comience la campaña legal el 22 de febrero. Y lo que es peor, cómo se va a financiar este dispendio de ofertas ya que no hay que olvidar que todo lo que se ofrece forma parte de nuestro bolsillo o de nuestros servicios.

En resumen esto de las promesas electorales debería estar regulado como los presupuestos. Es decir cualquier promesa que genera gasto (y si no lo genera seguro que no es una propuesta....) debería llevar aparejada la correspondiente explicación detallada y cuantificada de los recursos que comporta y de las partidas de las que se extrae. Porque al final lo pagamos todos. Y hoy que parece que los grandes partidos apuestan por las ayudas directas a los ciudadanos y las familias y los recortes de impuestos, deben explicar que eso que nos rebajan o devuelven saldrá de un dinero, nuestro dinero, de los presupuestos que ya no podrá destinarse a servicios sociales, educación, sanidad etc.

Quizás deberíamos implantar un Consejo ciudadano que recogiera todas las propuestas, las analizara las siguiera en los próximos 4 años y presentara al final de cada legislatura un informe que, blanco sobre negro, analizara el grado de cumplimiento de las promesas electorales en todos los ámbitos, cuánto han costado y cómo han repercutido socialmente. Incluso las de la propia oposición para saber si han trasladado esas propuestas en sus iniciativas parlamentarias y qué han votado sobre las mismas. De ser posible hacerlo les garantizo que ese informe se leería bastante más y podría influir más en el voto que las promesas electorales que se diluyen como lágrimas bajo la lluvia de los replicantes de Rajoy y Zapatero.