Cuestionarse lo obvio puede ser atrevido. Negarlo casi un disparate. Pero veremos que es posible argumentar e incluso demostrar que lo que todos damos por hecho y aceptamos no es tan evidente. Me refiero a la existencia de las propias campañas electorales.

Si una campaña electoral es el tiempo durante el cual una organización política trata de convencer a posibles votantes de que le respalden está claro que esa es la labor de los partidos durante todo el año. Sólo nos cabe salvar un pequeño, pero eludible, argumento jurídico. Podemos hacer todo lo que queramos siempre que, expresamente, no pidamos el voto. Eso sí, puedo decir que lo pediré. Que somos maravillosos. Que el adversario es un desastre y, por supuesto, gastarme unas buenas sumas de dinero en preparar y diseñar grandes actos políticos y mediáticos para salir en los medios de comunicación.

Creo que si nadie duda de que los partidos estamos permanentemente en campaña a nadie le debería sorprender que nos cuestionemos si realmente existen las campañas desde el punto de vista legal y político. Es decir esos quince días en los que podemos pedir el voto y que se regulan desde la firma del decreto de convocatoria electoral que el Presidente acaba de rubricar.

Sería más acertado hablar de ciclos electorales. Es decir aquellos compuestos por la sucesión de citas en las urnas de todo tipo, ya sea en el ámbito local, autonómico, general y europeo. Sin olvidarnos del referéndum aunque éste se haya circunscrito más recientemente a los estatutos de autonomía. Pero como quiera que es más difícil encontrar un año sin elecciones que un año bisiesto nos vemos en la obligación de seguir estando permanentemente en campaña.

Pero claro cuando se acordaron las reglas de la normativa electoral se pensó en una serie de puntos que permitieran equilibrar el terreno de juego para todos los actores. Y de ahí el interés de la ley en regular cómo y cuando se desarrollaban estas campañas. A partir de allí la realidad ha machacado la equidad y sólo los más potentados económica y políticamente (esto suele ir siempre de la mano) puedan sostener una campaña de acción permanente electoral activa (lo siento pero me salen las siglas CAPEA).

Sin duda esta situación nos debe llevar a una reflexión. Es necesario ajustar la realidad y la legalidad para hacer no sólo que la legislación electoral sea útil y efectiva. Sino, sobre todo, que sea justa. Prefiero que no existan las campañas electorales pero que haya una legislación electoral que, de acuerdo con la ley de financiación de partidos políticos, establezca los límites del gasto, las garantías de pluralidad en los medios y que, aunque nos permita pedir el voto cuando nos dé la gana, no haga que la hipocresía electoral aleje a la ciudadanía de la política y, en consecuencia, se fomente más la participación.