Fue en 1985 cuando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) puso en marcha un mecanismo de financiación de los partidos políticos que recibió el nombre de mailing electoral.

Aquello era necesario hace 27 años para que los ciudadanos españoles en su conjunto tuvieran en su propio domicilio información directa de los partidos políticos que concurrían a las elecciones, desde la perspectiva de mayor cercanía, de mayor conocimiento, en un momento en el que la democracia era muy joven, puesto que eran los primeros años de vida democrática. Pasado el tiempo, quizá este asunto merezca una revisión.

El 'mailing' se planteó como un elemento de ayuda a la publicitación de las candidaturas del conjunto de las fuerzas políticas democráticas, de acercamiento de las propuestas políticas y, por tanto, de los candidatos a los ciudadanos en su propio domicilio.

Pero ahora, ¿sigue siendo necesario, con medios de comunicación muchísimo más desarrollados, con acceso para el conjunto de los ciudadanos a todo tipo de redes de comunicación y de redes sociales, con una democracia mucho más consolidada, con un conocimiento de los ciudadanos españoles de la estructura de los partidos, de lo que estos son, hasta de cómo se vota?

¿Acaso no merecería la pena analizar si es necesario que los buzones de los domicilios de los españoles se llenen de sobres de publicidad de los partidos políticos que, además, pagamos el conjunto de los españoles? ¿No habría que revisar el hecho de que esos buzones se llenen de sobres sin que sus propietarios pidan que esa publicidad llegue a cada uno de los domicilios españoles?

Y en segundo lugar, en 1985 también se consideró preciso que el conjunto de los ciudadanos pagáramos esa publicidad de los partidos políticos, dado que eran los primeros años de andadura de nuestra democracia.

Ese sistema de financiación complementaria de los partidos políticos utiliza un mecanismo que me parece de dudosa legitimidad porque no todos los partidos políticos son tratados en igualdad de condiciones pues, para que se retorne la inversión al partido político que ha mandado la publicidad al hogar de los ciudadanos, se establecen como condición que el partido político que se presente no sea la primera vez que lo hace, porque para pagar se requiere grupo parlamentario propio.

A juicio de Unión Progreso y Democracia, este requisito de formar grupo parlamentario propio para que el Estado pague una parte de lo que ha gastado el partido político en hacer llegar a los ciudadanos su publicidad va en contra de un principio constitucional que es la igualdad de todos los ciudadanos no solo para elegir sino para ser elegidos.

Hay un principio constitucional básico en todas las constituciones democráticas y, por tanto, también en la Constitución de 1978, que es el derecho activo de los ciudadanos a elegir en igualdad de condiciones y el derecho pasivo de los partidos políticos a ser elegidos en igualdad de condiciones.

Si todos los partidos políticos no están en las mismas condiciones no hay igualdad, sobre todo con la traba que se establece desde el primer momento para acceder a los hogares de los ciudadanos, para que los ciudadanos conozcan quién se presenta, cuántos se presentan y con qué propuestas se presentan.

Este es un sistema que bloquea la entrada de nuevos partidos políticos y que imposibilita que otros más pequeños que no llegan a tener grupo parlamentario propio reciban en los Presupuestos Generales del Estado el mismo trato que el que sí lo tiene.

Lo diré de otra manera. En el caso de un partido político que se presente y no consiga grupo parlamentario, porque los ciudadanos no le dan los votos suficientes para ello, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué los ciudadanos no le dan votos suficientes para obtener grupo parlamentario? A lo mejor también es porque hay una inmensa mayoría de ciudadanos que ni siquiera sabe que ese grupo político se ha presentado a las elecciones porque le llega la publicidad de los demás partidos pero de ese no.

Por tanto, hay una influencia de nuestro propio sistema electoral y de nuestra propia Ley Electoral a la hora de que los ciudadanos conozcan qué partidos políticos se presentan a las elecciones. Si un partido se presenta a las elecciones y no consigue grupo parlamentario propio, los votantes de ese partido político, a través de lo que cada uno de ellos paga en impuestos, le pagan la campaña al que sí lo ha conseguido. Es una cosa verdaderamente llamativa.

En ese contexto, hay dos cuestiones que debemos analizar:

En primer lugar, ¿es normal que sigamos financiando la propaganda electoral que llega a cada uno de los hogares de los ciudadanos con recursos públicos, de manera desigual y en una situación de gran precariedad desde el punto de vista económico? No voy a discutir que fuera normal hace 27 años pero creo que ahora no lo es.

En segundo lugar, ¿nos podemos permitir seguir financiando la publicidad de los partidos políticos que llega a cada uno de los hogares, con los escasos recursos de que disponemos, puesto que se está recortando en muchísimas cosas? ¿Hace falta que los Presupuestos Generales del Estado, es decir, el conjunto de los españoles, subvencionen complementariamente a los partidos políticos por la vía del mailing, y no a todos, sino a los que consiguen grupo parlamentario?

Como en UPyD nos parece que no es normal, preferimos suprimir el mailing y así lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados.