Si Dios no lo remedia, y no lo hará, esta campaña electoral será casi calcada a las anteriores, con la excepción del final de la de 2004 por las dolorosas circunstancias que concurrieron en ella. Cualquier experto o cualquier ciudadano atento puede anticipar lo que se va a decir y casi cómo se va a decir. Y es que los formatos electorales en España son cada vez más rígidos, más planificados, preparados, estudiados, medidos y estructurados, ahogando en buena medida el debate normal y natural que se espera en estas ocasiones. Únicamente los rompen algunas sorpresas esporádicas más para llamar la atención que para otra cosa.
El esquema táctico de las campañas consiste en primer y principal lugar en evitar un error propio y esperar y explotar uno del adversario, después movilizar los votantes seguros y a continuación convencer a los dudosos, situados normalmente en este nebuloso centro del que todos hablan pero nadie define.
La comunidad autónoma andaluza, la mas poblada de España, celebrará una vez más sus comicios autonómicos coincidiendo con las Elecciones Generales.
Un total de 6.233.350 andaluces tienen derecho a voto en las elecciones andaluzas y generales que se celebrarán el próximo 9 de marzo, lo que supone 183.671 más respecto a los pasados comicios de 2004, a los que fueron convocados 6.049.589 electores, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral.
Durante la campaña para las próximas elecciones del 9 de marzo, vamos a poder disfrutar de dos tipos de campañas institucionales distintas: una, la puesta en marcha por el Ministerio del Interior y que está regulada en el artículo 50 de la LOREG, muy limitada en cuanto a contenido y medios; y la que realice la Junta de Andalucía en relación con las elecciones autonómicas.
La diferencia fundamental es que la Junta de Andalucía puede realizar una campaña orientada a fomentar la participación de los electores en la votación (artículo 27.2de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía), utilizando para ello cualquier soporte publicitario.
El próximo 14 de enero, el Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros, someterá a la firma de S.M. el Rey el Decreto de disolución de las dos Cámaras que componen las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y de convocatoria de elecciones, que se celebrarán el 9 de marzo, cincuenta y cuatro días después de que el Decreto se publique en el BOE el martes 15 de enero.
De esta manera se pone fin a la VIII Legislatura desde la aprobación de la Constitución en 1978, y se inicia la IX.
El sistema electoral para la elección de los Diputados, aunque formalmente proporcional, adolece de algunos defectos que distorsionan los resultados, produciendo una sobrerrepresentación de los partidos que obtienen mejores resultados en cada circunscripción, y una pérdida de representación del resto, y especialmente del tercer partido de ámbito estatal, como IU.
Se ha generalizado la falacia de que esta situación se produce por la aplicación de la llamada ley d'Hont para la distribución de escaños. Sin embargo, la fórmula ideada por este matemático no es la única responsable de la falta de proporcionalidad de nuestro sistema.
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