El aval de 50 cargos electos (diputados senadores, parlamentarios autonómicos, concejales, etcétera) o en su defecto la firma de 15.000 ciudadanos es el primer requisito para presentar candidatura a las elcciones europeas.
Por eso UPyD, que aún no cuenta con suficientes cargos electos dado que sólo tiene poco más de un año de vida, ha iniciado una campaña de recogida de firmas encabezada por su líder, Rosa Díez.
Reproducimos aquí las previsiones legales para la presentación de candidaturas en las elecciones al Parlamento Europeo:
El Boletín Oficial del Estado publicó en su edición del 14 de abril el decreto de convocatoria de las elecciones europeas del 7 de junio, en el que se detalla que España elegirá inicialmente 50 diputados aunque los cuatro siguientes quedarán a la espera de que los 27 completen el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, que otorga a nuestro país 54 escaños.
La subcomisión del Congreso encargada de estudiar la reforma electoral ha rechazado crear circunscripciones autonómicas para las elecciones europeas y ha zanjado toda posibilidad de implantar el voto electrónico en España. Entre los grupos hay también consenso para prohibir actos de inauguración en los quince días de campaña y para permitir que el elector deposite personalmente el voto en la urna, siempre que el presidente de mesa compruebe previamente el sobre.
El Consejo de Estado ha remitido al Gobierno su informe sobre las distintas propuestas que han venido formulando los partidos políticos en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El Consejo de Ministros ha autorizado el Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre participación en las Elecciones Municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro. Se trata de la comunidad inmigrante más numerosa de nuestro país, que podría aportar más de 300.000 electores en las municipales de 2011.
El Gobierno había alcanzado previamente acuerdos similares con Argentina, Colombia y Perú y ha zanjado canjes de notas con Islandia y Trinidad y Tobago. Además, mantiene abiertas las negociaciones con otros diez nueve que ya reconocen el derecho de voto a los ciudadanos españoles: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, República de Corea y Nueva Zelanda.
Se trata de extender el derecho de voto a los extranjeros residentes en nuestro país, respetando el principio de reciprocidad que recoge la Constitución y sólo aplicable a las municipales, cuya próxima cita tendrá lugar en 2011.
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Entre los grupos hay también consenso para prohibir actos de inauguración en los quince días de campaña y para permitir que el elector deposite personalmente el voto en la urna, siempre que el presidente de mesa compruebe previamente el sobre. 
