La Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 fue una ley que tuvo por objeto impedir que se utilizara la participación política, democrática, con fines antidemocráticos por parte de quienes no respetan el derecho a la vida y utilizan, apoyan o no rechazan la violencia para conseguir fines políticos pretendiendo beneficiarse al mismo tiempo del sistema democrático.
Esa ley también suscitó en su debate diferentes interpretaciones sobre su legalidad. La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, después de un riguroso control en lo relativo a la presencia de razones convincentes imperativas que pudieran justificar la disolución de los partidos políticos demandantes, resolvió que esta injerencia correspondía a una imperiosa necesidad. De ello se deduce que la disolución puede estimarse necesaria en el seno de una sociedad democrática con vistas en particular al mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros.
Y el tribunal concluyó diciendo: A la luz de cuanto precede, no se ha dado violación alguna del artículo 11 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por tanto, la Ley de Partidos tiene reconocida su legalidad democrática por el más alto tribunal europeo en derechos humanos.
Escrito por José A. Bermúdez de Castro, diputado del PP
La proposición de ley de reforma de la LOREG firmada por PP, PSOE, CiU y PNV culmina muchos meses de trabajo parlamentario que tuvo su origen en la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional dell Congreso. Hemos celebrado 17 sesiones de ponencia con muchas horas de debate, y un buen método de trabajo ha terminado con la aprobación de un dictamen que ha sido la base de nuestra iniciativa.
Esquerra Republicana siente una profunda decepción por el desenlace fallido y vergonzoso de la subcomisión del Congreso encargada de estudiar la reforma electoral pues después de algo más de dos años ha concluido en una propuesta que no sirve a ninguno de los objetivos que se habían fijado al inicio: No corrige la altísima desproporcionalidad del sistema electoral y ni siquiera incorpora algunos mecanismos para incentivar la participación, por cierto en un contexto de inquietante y pavorosa desafección y de progresivo alejamiento de la gente de la vida pública y también de la política.
Si bien hay razones de principio, yendo al pragmatismo, las dos fuerzas políticas mayoritarias que se benefician de los escaños arrebatados a las fuerzas políticas minoritarias no están dispuestas a que impere el principio de representación sobre la razón, en este caso pragmática, o la razón de la gobernanza, que de muchas maneras se puede llamar.
Nuestra Constitución contempla un sistema electoral proporcional y también consagra el principio de igualdad. Pues bien, en la práctica el actual sistema electoral, heredero del posfranquismo y con clara voluntad de continuidad, vulnera y pervierte esos principios constitucionales, a tal punto que se puede considerar la actual aplicación de la Ley Electoral como un fraude de Constitución.
Habiendo una subcomisión en el Congreso para el estudio de la Ley Electoral, es injusto decir que esta reforma duerma el sueño de los justos, sobre todo porque hemos estado discutiendo mucho, hemos tenido comparecencias importantes, hemos clarificado y avanzado en algunas cosas interesantes, y ahora vendrá el momento de ir centrando las decisiones finales. La propuesta de UPyD demandando una reforma de fondo de la LOREG en línea con las sugerencias del Consejo de Estado es otra iniciativa populista más, dando a entender que el actual sistema no es democrático, que está completamente viciado y que todo es un desastre.
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